El caso de Rossana se evaluó rápidamente, como procedimiento extraordinario: “Yo creo que mi visibilidad pública jugó a mi favor, a diferencia de muchos que están en completa vulnerabilidad”. Las medidas cautelares que se aplican tienen dos efectos: tranquilizan pero al mismo tiempo son muy invasivas, explica. “Había un técnico que revisaba mi casa; otro, mi oficina en la universidad; otro, mis hábitos.

El 14 de julio de 2016, sin embargo, Rossana escribió una carta y renunció al Mecanismo. “Me sentía más vulnerable que protegida”, dice. “Cuando se vive bajo amenazas, hay que hacer un ejercicio constante para ir detectando puntos débiles y resguardar tu vida”. En este ejercicio constante Rossana detectó fallas en el sistema.

Directora general adjunta de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

[Entrevista proporcionada a Fundar en octubre de 2017]

Los recursos para poner en marcha el Mecanismo se administran a través de un Fideicomiso: “una institución jurídica por la cual tú destinas cierto dinero para un fin específico. Los recursos para el fideicomiso vienen del presupuesto. Digamos que la parte que administra el fideicomiso es la propia Secretaría de Gobernación y quien verifica el cumplimiento es la Secretaria de Hacienda. Todo el gasto que se haga tiene que ser documentado y destinado a medidas de protección para las personas beneficiarias”.

Desde que se creó el Mecanismo en 2012, la empresa contratada, por “adjudicación directa”, es siempre la misma: RCU Sistemas. Garrido explica: “Hay dos figuras más, aparte de la adjudicación directa: la convocatoria o la licitación. La convocatoria es un riesgo porque estaría revelando la manera en que se protege a las personas defensoras o periodistas. Se elige la forma directa por el manejo del dinero y por lo delicado de la prestación del servicio”. Desde fuera no es posible saber qué tipo de capacitación se requiere en el contrato, ni se pueden revisar los estudios de mercado con base a los cuales se eligió a determinada empresa.

Tanto a nivel federal, como en la Ciudad de México, el funcionamiento del Mecanismo está a cargo de una sola empresa. Para Claudia Cruz, Directora del Mecanismo de Protección de la CDMX, este dato no es relevante: “decir el nombre de las empresas no es importante porque, si pasa algo, el Estado tiene que ser el responsable, no las empresas”.

Balbina Flores Martínez

Balbina Flores Martínez, corresponsal de la organización Reporteros sin Fronteras en México, explica que no existe un plan de atención integral. “Estamos enfrentando una situación humanitaria que las instituciones no están viendo o por lo menos no están diseñando políticas de atención rápidas”. Y añade: “La autoridad da argumentos de que no puede dar a conocer la empresa que otorga los servicios porque podría poner en riesgo a las víctimas y también a los que prestan el servicio, pero es una arma de dos filos que usa la autoridad”.

“En un país democrático, donde uno de los pilares es la transparencia, no puede usarse ese argumento. Si la autoridad fuera transparente en el uso y la administración de esos recursos, no tendríamos por qué cuestionar la opacidad”. Comenta también: “Necesitamos saber quiénes son las personas que están detrás de RCU, bajo qué criterios se asignó su contrato. Podría hacerse un informe interno con una versión pública”.